Algo impactante en el último año es la cantidad de casos de “falsos positivos” que constantemente nos golpean por la gravedad de los hechos y la perversidad que entrañan al tratar de engañar a la sociedad y al mundo mediante mecanismos que hacen creer que se trata de “muertes en combate” cuando en realidad son ejecuciones aleves de personas civiles e indefensas.
Esto reviste extrema gravedad por la diversidad de lugares donde ocurren, muy distantes entre sí, y por la multiplicidad de unidades militares comprometidas en los casos, lo que revela que no se trata de hechos fortuitos o aislados sino de prácticas sistemáticas que deben tener orientación desde los más altos niveles del poder.
Ya en julio de 2006, tres coroneles y dos mayores, comandantes de batallones, que dieron declaraciones a periodistas del diario El Tiempo, afirmaron: “la gente no llega a imaginarse la tortura sicológica de tener que entregar resultados todos los días” (El Tiempo, julio 2 de 2006, pg. 1-2). También el asesor del Ejército, Alfredo Rangel, revelaba en la revista Cambio (No. 677, 25 de junio de 2006, pg. 27) que “se ha venido implementando un problemático esquema de evaluación [de desempeño]: valora excesivamente –y, a veces, exclusivamente- las bajas del oponente, y castiga desproporcionadamente los propios fracasos operacionales. Consecuencia: tendencia a lograr bajas sin asumir riesgos, sin exponerse demasiado, o mejor, nada. Resultados: civiles indefensos que aparecen muertos en combates que nunca existieron”.
